Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, presentó ayer la Ley de Servicios Sociales que se basa en «un programa individualizado de atención, administración cercana al ciudadano, la ventanilla unificada y la ordenación territorial de acuerdo al trabajo de la Junta para garantizar la sostenibilidad de los servicios».
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
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