viernes, 15 de junio de 2012
Herrera critica que el modelo de financiación "perjudica" a CyL al no cubrir inversiones en servicios sociales
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha criticado que el modelo de financiación autonómica "perjuica" a la región porque las entregas a cuenta "no cubren" las inversiones en servicios sociales.
Así lo ha afirmado durante la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC) correspondientes al año 2012, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno.
Así lo ha afirmado durante la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC) correspondientes al año 2012, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno.
PSOE pedirá más dinero para planes de empleo y servicios sociales
Así lo ha explicado Guijarro en rueda de prensa, donde ha especificado que propondrán que los planes de empleo se lleven a cabo de manera conjunta entre ayuntamientos, diputaciones y Junta, asegurando que "son más necesarios que nunca para aquellas personas que no tienen ninguna prestación por desempleo".
Las enmiendas dirigidas a mantener los servicios sociales se presentarán con la intención de "poder mantener centros de atención a la infancia, centros de día y centros de mayores", pidiendo más dotación económica para unos servicios que "permiten la conciliación de la vida personal y familiar".
Además, dentro de las enmiendas parciales, que se pueden presentar desde el próximo lunes y hasta el día 25 de junio, el PSOE pedirá que la Junta pague los intereses generados de las líneas ICO a las que se han acogido los consistorios para pagar a los proveedores, ya que "se han visto obligados" a acogerse a dicho plan de pago "porque la Junta no les ha pagado lo que les debía".
"Han tenido que acudir a esa financiación porque la Junta no les paga, y como no paga han pedido un préstamos al ICO, por lo que es lógico que asuma el coste financiero quien no paga, que es la Junta. Hay muchos ayuntamientos que la cantidad que han pedido al ICO es la misma que la Junta adeuda a ese Ayuntamiento", ha agregado.
286 MILLONES MENOS PARA AYUNTAMIENTOS
El portavoz socialista ha lamentado que las cuentas presentadas por el Gobierno regional contemplan "286 millones de euros menos destinados a Ayuntamientos para la prestación de servicios que en la mayoría de los casos son competencia de la Junta".
A su juicio, esta reducción "pone en duda la viabilidad financiera de muchos ayuntamientos", además de que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de Cospedal una "falta de lealtad institucional tremenda por no dar explicaciones a los alcaldes de estas decisiones y sus repercusiones".
"Se quiere dejar en manos de los alcaldes la toma de decisiones que en realidad está obligando el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que si no hay financiación para guarderías o se cierran o se incrementa el precio al público", ha agregado.
Por su parte, el vicepresidente de la FEMP regional y alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha manifestado se va a crear un foro de participación ciudadana con gente de todos los sectores y alcaldes "en defensa de la autonomía local" de los ayuntamientos.
Jiménez ha asegurado además que si la Junta hubiera pagado las deudas que mantiene con los ayuntamientos de la región, "apenas una decena hubiera tenido que acudir a la línea ICO ofrecida desde el Gobierno de España", y ha avisado de que el "recorte" de 238 millones de euros para los consistorios previsto en las cuentas de este año "avecina algo peor en 2013".
Por otro lado, ha criticado la situación actual de la FEMP, aseverando que "durante los 28 años de vida del organismo, siempre ha sido un punto de encuentro entre alcaldes de diferente matiz político y siempre se llegaba a acuerdos razonables", algo que ha dejado de ocurrir
La ley de Servicios Sociales prestará atención individualizada y cercana
Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, presentó ayer la Ley de Servicios Sociales que se basa en «un programa individualizado de atención, administración cercana al ciudadano, la ventanilla unificada y la ordenación territorial de acuerdo al trabajo de la Junta para garantizar la sostenibilidad de los servicios».
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
La Ley de Servicios Sociales es "un referente" en España y se implanta gradualmente con "unos grandes logros"
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presentado en León la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, una normativa "referente" en el ámbito nacional y que se implanta de manera progresiva con "grandes logros".
Según ha explicado, esta legislación "no habla de colectivos", sino que genera derechos para todas las personas que lo necesiten en aquellos servicios que se precisen. Se trata de un programa individualizado de atención, ventanilla unificada, administración cercana al ciudadano y ordenación territorial de acuerdo al trabajo que se realiza en la Junta para garantizar la sostenibilidad y la proximidad a los usuarios.
En la actualidad la Ley de Servicios Sociales se implanta de manera progresiva, aunque ya hay "grandes" logros derivados de la normativa como la solicitud unificada de acceso a los servicios sociales, la unidad de criterios de cálculos de capacidad económica para todos los usuarios con independencia de la administración que presta los servicios, así como avances importantes como la firma electrónica.
En este sentido, ha confiado en que la Ley tenga "mucho futuro" en su desarrollo, en el que se encuentran implicados muchos profesionales y que conlleva un periodo de formación, adaptación y cambio.
Además, ha precisado que la Ley tiene un desarrollo largo y el modelo de trabajo de servicios sociales en la Comunidad se implantará a medida que todos los técnicos lo conozcan y que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
La presentación realizada este miércoles en León pretende acercar la Ley a todos los ciudadanos, especialmente a los profesionales que trabajan en el sistema, que son parte "fundamental" para su correcta aplicación.
El objetivo prioritario es que los profesionales conozcan en profundidad la normativa para que puedan orientar, asesorar y ofrecer a los usuarios toda la información sobre los recursos que tienen a su disposición y las novedades que se incorporan.
En la jornada formativa, en la que se han repasado los aspectos más relevantes de la Ley, así como el desarrollo que se lleva a cabo de la misma, han estado presentes responsables políticos de diferentes administraciones, así como técnicos y profesionales de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la atención a personas mayores, discapacidad o infancia, entre otros.
"Vanguardista"
La Ley concibe las prestaciones como un derecho de la persona, de manera que se abandona el viejo marco de la 'beneficencia' y se instaura el nivel de protección social basado en derechos. Se trata de una normativa "vanguardista" que contempla la creación de un sistema de Servicios Sociales que integre todos los programas, actividades, prestaciones, equipamientos y actuaciones, tanto de titularidad pública como privada, y donde estén implicados los 35.000 profesionales y los más de 4.500 agentes que dan forma al sistema, así como definir el nuevo sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública.
De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofertará un sistema de Servicios Sociales único, integrado e indivisible, con la mirada puesta en que la persona adquiera un papel protagonista y vea atendidas sus necesidades de una forma individualizada y completa.
Además, la Junta de Castilla y León elabora el Catálogo de Servicios Sociales, que recogerá el inventario de derechos sociales de los ciudadanos más amplio y concreto de España y que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios. La Ley ya reconoce 19 prestaciones del sistema de Servicios Sociales como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos y junto a ello la Consejería trabaja en el diseño de un Mapa de Servicios Sociales.
Según ha explicado, esta legislación "no habla de colectivos", sino que genera derechos para todas las personas que lo necesiten en aquellos servicios que se precisen. Se trata de un programa individualizado de atención, ventanilla unificada, administración cercana al ciudadano y ordenación territorial de acuerdo al trabajo que se realiza en la Junta para garantizar la sostenibilidad y la proximidad a los usuarios.
En la actualidad la Ley de Servicios Sociales se implanta de manera progresiva, aunque ya hay "grandes" logros derivados de la normativa como la solicitud unificada de acceso a los servicios sociales, la unidad de criterios de cálculos de capacidad económica para todos los usuarios con independencia de la administración que presta los servicios, así como avances importantes como la firma electrónica.
En este sentido, ha confiado en que la Ley tenga "mucho futuro" en su desarrollo, en el que se encuentran implicados muchos profesionales y que conlleva un periodo de formación, adaptación y cambio.
Además, ha precisado que la Ley tiene un desarrollo largo y el modelo de trabajo de servicios sociales en la Comunidad se implantará a medida que todos los técnicos lo conozcan y que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
La presentación realizada este miércoles en León pretende acercar la Ley a todos los ciudadanos, especialmente a los profesionales que trabajan en el sistema, que son parte "fundamental" para su correcta aplicación.
El objetivo prioritario es que los profesionales conozcan en profundidad la normativa para que puedan orientar, asesorar y ofrecer a los usuarios toda la información sobre los recursos que tienen a su disposición y las novedades que se incorporan.
En la jornada formativa, en la que se han repasado los aspectos más relevantes de la Ley, así como el desarrollo que se lleva a cabo de la misma, han estado presentes responsables políticos de diferentes administraciones, así como técnicos y profesionales de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la atención a personas mayores, discapacidad o infancia, entre otros.
"Vanguardista"
La Ley concibe las prestaciones como un derecho de la persona, de manera que se abandona el viejo marco de la 'beneficencia' y se instaura el nivel de protección social basado en derechos. Se trata de una normativa "vanguardista" que contempla la creación de un sistema de Servicios Sociales que integre todos los programas, actividades, prestaciones, equipamientos y actuaciones, tanto de titularidad pública como privada, y donde estén implicados los 35.000 profesionales y los más de 4.500 agentes que dan forma al sistema, así como definir el nuevo sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública.
De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofertará un sistema de Servicios Sociales único, integrado e indivisible, con la mirada puesta en que la persona adquiera un papel protagonista y vea atendidas sus necesidades de una forma individualizada y completa.
Además, la Junta de Castilla y León elabora el Catálogo de Servicios Sociales, que recogerá el inventario de derechos sociales de los ciudadanos más amplio y concreto de España y que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios. La Ley ya reconoce 19 prestaciones del sistema de Servicios Sociales como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos y junto a ello la Consejería trabaja en el diseño de un Mapa de Servicios Sociales.
CyL, premiada por crear un acceso unificado a Servicios Sociales
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha sido premiada por el Grupo Editorial Senda por ser pionera en la creación de un acceso unificado a todos los Servicios Sociales y prestaciones de la Ley de la Dependencia.Según ha informado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, los Premios Senda han reconocido a Castilla y León como la primera comunidad autónoma de España en implantar una solicitud única de acceso a los Servicios Sociales a cualquier castellanoleonés que lo demande, "sea o no una persona en situación de dependencia".
En concreto, el jurado ha premiado a Castilla y León en la categoría institucional por presentar un "proyecto pionero, que puede servir de ejemplo a otras comunidades".
El portavoz ha recordado que se trata del último paso dado por la Consejería de Familia hasta el momento para lograr un "auténtico sistema integrado de servicios sociales" con "una única puerta de acceso, un único sistema de información, valoraciones y baremos unificados, así como una única lista de acceso para cada prestación, un mismo registro de usuarios, y un mismo cálculo de la capacidad económica de los usuarios" con el objetivo de disponer en un futuro de una única historia social.
Con este paso, disponible desde el pasado 18 de febrero, los castellanoleoneses, sean o no personas en situación de dependencia, sólo tienen que rellenar un único documento para acceder a cualquiera de las prestaciones que oferta el sistema -ayuda a domicilio y teleasistencia, centro de día y residencia, servicio de promoción de la autonomía personal, prestación económica de cuidados en el entorno familiar o la prestación económica de asistencia personal-, independientemente de que preste el servicio la Administración autonómica o una entidad local.
"Se elimina así la doble puerta de acceso existente hasta ahora para las personas que solicitaban la misma prestación por Dependencia o por Servicios Sociales", ha significado el portavoz que ha indicado que de este modo se acaban las molestias y complicaciones administrativas que suponía para un ciudadano solicitar el mismo servicio en varias administraciones, rellenar varias solicitudes, aportar distintos informes y someterse a repetidas valoraciones funcionales, sociales o de capacidad económica.
Ahora el ciudadano no es quien decide 'a priori' si presenta su solicitud al amparo de la Ley de Dependencia o de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, ?sino que es la Administración quien se encarga, una vez registrada la solicitud, de iniciar todos los procedimientos necesarios para que se valore su situación, se le ofrezcan y proporcionen aquellas prestaciones que mejor se ajusten a sus necesidades y circunstancias?.
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