viernes, 15 de junio de 2012
La ley de Servicios Sociales prestará atención individualizada y cercana
Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, presentó ayer la Ley de Servicios Sociales que se basa en «un programa individualizado de atención, administración cercana al ciudadano, la ventanilla unificada y la ordenación territorial de acuerdo al trabajo de la Junta para garantizar la sostenibilidad de los servicios».
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
Estas áreas conforman la columna vertebral de la nueva ley, que trata de aproximar a los usuarios el catálogo de servicios sociales, el mapa de ordenación y los derechos de los ciudadanos.
La consejera, acompañada en la comparecencia de prensa por el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín y por el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Jesús Fuertes, explicó posteriormente los detalles de la nueva ley a los principales colectivos y asociaciones de la provincia, con la presencia del gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Marcos afirmó que el proyecto «es ya un referente en la Comunidad Autónoma y lo será pronto según los expertos a nivel nacional. Plantea un nuevo modo de trabajar y entender los servicios sociales, vinculándolo fundamentalmente al ciudadano y a lo que el ciudadano necesita».
Derechos sociales
Se trata de un proyecto de ley «que garantiza ya un amplio abanico de derechos sociales desde el momento en que ha entrado en vigor, que es un modelo de atención individualizada a las personas, centrado en la figura de un profesional de referencia en la organización de toda la estructura para la atención a las necesidades».
El sistema está basado en una ventanilla única de acceso a los servicios, de tal forma que se puede llegar a todos los servicios sociales en un modelo que ya es una realidad «y con un nuevo mapa de ordenación territorial en el que la Diputación de León va a ser pionera a la hora de mostrar cómo optimizar los recursos y de dotar de una sola ventanilla a los usuarios de los servicios públicos, no como sucedía históricamente y como aún ocurre en otras comunidades y en definitiva una nueva forma de entender los servicios sociales, que optimiza los recursos, que los aproxima al usuario y que orienta todo el sistema a sus necesidades». La ley no habla de colectivos, según explicó Marcos, «sino de los derechos individuales para todas las personas que lo necesiten. Si se trata de un sistema de adopción, si se trata de una ayuda para una persona discapacitada que sea mayor y en riesgo de exclusión social... Todos los supuestos se contemplan y será el sistema el que organice las ayudas para darle aquello que necesita y no el usuario el que tenga que ir a preguntar por las posibles opciones que se le plantean como discapacitado o como persona mayor, e incluso por riesgo de exclusión social».
La consejera visitó una exposición de murales en la delegación territorial junto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, el de Villaquilambre Manuel García y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Patricia Guerrero y el titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de León y Familia, José Enrique García Presa.
La Ley de Servicios Sociales es "un referente" en España y se implanta gradualmente con "unos grandes logros"
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presentado en León la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, una normativa "referente" en el ámbito nacional y que se implanta de manera progresiva con "grandes logros".
Según ha explicado, esta legislación "no habla de colectivos", sino que genera derechos para todas las personas que lo necesiten en aquellos servicios que se precisen. Se trata de un programa individualizado de atención, ventanilla unificada, administración cercana al ciudadano y ordenación territorial de acuerdo al trabajo que se realiza en la Junta para garantizar la sostenibilidad y la proximidad a los usuarios.
En la actualidad la Ley de Servicios Sociales se implanta de manera progresiva, aunque ya hay "grandes" logros derivados de la normativa como la solicitud unificada de acceso a los servicios sociales, la unidad de criterios de cálculos de capacidad económica para todos los usuarios con independencia de la administración que presta los servicios, así como avances importantes como la firma electrónica.
En este sentido, ha confiado en que la Ley tenga "mucho futuro" en su desarrollo, en el que se encuentran implicados muchos profesionales y que conlleva un periodo de formación, adaptación y cambio.
Además, ha precisado que la Ley tiene un desarrollo largo y el modelo de trabajo de servicios sociales en la Comunidad se implantará a medida que todos los técnicos lo conozcan y que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
La presentación realizada este miércoles en León pretende acercar la Ley a todos los ciudadanos, especialmente a los profesionales que trabajan en el sistema, que son parte "fundamental" para su correcta aplicación.
El objetivo prioritario es que los profesionales conozcan en profundidad la normativa para que puedan orientar, asesorar y ofrecer a los usuarios toda la información sobre los recursos que tienen a su disposición y las novedades que se incorporan.
En la jornada formativa, en la que se han repasado los aspectos más relevantes de la Ley, así como el desarrollo que se lleva a cabo de la misma, han estado presentes responsables políticos de diferentes administraciones, así como técnicos y profesionales de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la atención a personas mayores, discapacidad o infancia, entre otros.
"Vanguardista"
La Ley concibe las prestaciones como un derecho de la persona, de manera que se abandona el viejo marco de la 'beneficencia' y se instaura el nivel de protección social basado en derechos. Se trata de una normativa "vanguardista" que contempla la creación de un sistema de Servicios Sociales que integre todos los programas, actividades, prestaciones, equipamientos y actuaciones, tanto de titularidad pública como privada, y donde estén implicados los 35.000 profesionales y los más de 4.500 agentes que dan forma al sistema, así como definir el nuevo sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública.
De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofertará un sistema de Servicios Sociales único, integrado e indivisible, con la mirada puesta en que la persona adquiera un papel protagonista y vea atendidas sus necesidades de una forma individualizada y completa.
Además, la Junta de Castilla y León elabora el Catálogo de Servicios Sociales, que recogerá el inventario de derechos sociales de los ciudadanos más amplio y concreto de España y que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios. La Ley ya reconoce 19 prestaciones del sistema de Servicios Sociales como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos y junto a ello la Consejería trabaja en el diseño de un Mapa de Servicios Sociales.
Según ha explicado, esta legislación "no habla de colectivos", sino que genera derechos para todas las personas que lo necesiten en aquellos servicios que se precisen. Se trata de un programa individualizado de atención, ventanilla unificada, administración cercana al ciudadano y ordenación territorial de acuerdo al trabajo que se realiza en la Junta para garantizar la sostenibilidad y la proximidad a los usuarios.
En la actualidad la Ley de Servicios Sociales se implanta de manera progresiva, aunque ya hay "grandes" logros derivados de la normativa como la solicitud unificada de acceso a los servicios sociales, la unidad de criterios de cálculos de capacidad económica para todos los usuarios con independencia de la administración que presta los servicios, así como avances importantes como la firma electrónica.
En este sentido, ha confiado en que la Ley tenga "mucho futuro" en su desarrollo, en el que se encuentran implicados muchos profesionales y que conlleva un periodo de formación, adaptación y cambio.
Además, ha precisado que la Ley tiene un desarrollo largo y el modelo de trabajo de servicios sociales en la Comunidad se implantará a medida que todos los técnicos lo conozcan y que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
La presentación realizada este miércoles en León pretende acercar la Ley a todos los ciudadanos, especialmente a los profesionales que trabajan en el sistema, que son parte "fundamental" para su correcta aplicación.
El objetivo prioritario es que los profesionales conozcan en profundidad la normativa para que puedan orientar, asesorar y ofrecer a los usuarios toda la información sobre los recursos que tienen a su disposición y las novedades que se incorporan.
En la jornada formativa, en la que se han repasado los aspectos más relevantes de la Ley, así como el desarrollo que se lleva a cabo de la misma, han estado presentes responsables políticos de diferentes administraciones, así como técnicos y profesionales de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la atención a personas mayores, discapacidad o infancia, entre otros.
"Vanguardista"
La Ley concibe las prestaciones como un derecho de la persona, de manera que se abandona el viejo marco de la 'beneficencia' y se instaura el nivel de protección social basado en derechos. Se trata de una normativa "vanguardista" que contempla la creación de un sistema de Servicios Sociales que integre todos los programas, actividades, prestaciones, equipamientos y actuaciones, tanto de titularidad pública como privada, y donde estén implicados los 35.000 profesionales y los más de 4.500 agentes que dan forma al sistema, así como definir el nuevo sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública.
De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofertará un sistema de Servicios Sociales único, integrado e indivisible, con la mirada puesta en que la persona adquiera un papel protagonista y vea atendidas sus necesidades de una forma individualizada y completa.
Además, la Junta de Castilla y León elabora el Catálogo de Servicios Sociales, que recogerá el inventario de derechos sociales de los ciudadanos más amplio y concreto de España y que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios. La Ley ya reconoce 19 prestaciones del sistema de Servicios Sociales como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos y junto a ello la Consejería trabaja en el diseño de un Mapa de Servicios Sociales.
CyL, premiada por crear un acceso unificado a Servicios Sociales
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha sido premiada por el Grupo Editorial Senda por ser pionera en la creación de un acceso unificado a todos los Servicios Sociales y prestaciones de la Ley de la Dependencia.Según ha informado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, los Premios Senda han reconocido a Castilla y León como la primera comunidad autónoma de España en implantar una solicitud única de acceso a los Servicios Sociales a cualquier castellanoleonés que lo demande, "sea o no una persona en situación de dependencia".
En concreto, el jurado ha premiado a Castilla y León en la categoría institucional por presentar un "proyecto pionero, que puede servir de ejemplo a otras comunidades".
El portavoz ha recordado que se trata del último paso dado por la Consejería de Familia hasta el momento para lograr un "auténtico sistema integrado de servicios sociales" con "una única puerta de acceso, un único sistema de información, valoraciones y baremos unificados, así como una única lista de acceso para cada prestación, un mismo registro de usuarios, y un mismo cálculo de la capacidad económica de los usuarios" con el objetivo de disponer en un futuro de una única historia social.
Con este paso, disponible desde el pasado 18 de febrero, los castellanoleoneses, sean o no personas en situación de dependencia, sólo tienen que rellenar un único documento para acceder a cualquiera de las prestaciones que oferta el sistema -ayuda a domicilio y teleasistencia, centro de día y residencia, servicio de promoción de la autonomía personal, prestación económica de cuidados en el entorno familiar o la prestación económica de asistencia personal-, independientemente de que preste el servicio la Administración autonómica o una entidad local.
"Se elimina así la doble puerta de acceso existente hasta ahora para las personas que solicitaban la misma prestación por Dependencia o por Servicios Sociales", ha significado el portavoz que ha indicado que de este modo se acaban las molestias y complicaciones administrativas que suponía para un ciudadano solicitar el mismo servicio en varias administraciones, rellenar varias solicitudes, aportar distintos informes y someterse a repetidas valoraciones funcionales, sociales o de capacidad económica.
Ahora el ciudadano no es quien decide 'a priori' si presenta su solicitud al amparo de la Ley de Dependencia o de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, ?sino que es la Administración quien se encarga, una vez registrada la solicitud, de iniciar todos los procedimientos necesarios para que se valore su situación, se le ofrezcan y proporcionen aquellas prestaciones que mejor se ajusten a sus necesidades y circunstancias?.
Los gerentes de Servicios Sociales reclaman una norma básica que homologue la dependencia en todas las CC.AA
El coordinador del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de 2012 Gustavo García Herrero ha reclamado este martes una norma básica estatal que sirva para homologar los sistemas de prestación de materias "tan básicas" como la discapacidad, la atención a mayores o a la infancia.El gerente de instalaciones de servicios sociales, que redactó el documento junto al presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades españolas con mejor desarrollo de esta materia, pero ha recordado que en su apartado de recomendaciones el informe incide en reclamar la creación de una norma básica.
Este mecanismo permitiría, como ha explicado García Herrero evitar las diferencias "tan notables" que se perciben entre comunidades como Castilla y León, País Vasco y Navarra, con buen nivel de atención social, y otras que se sitúan "a la cola" de los países integrados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Además de esta reivindicación más genérica y de la necesidad de contar con unos sistemas de información adecuados para conocer datos concretos de la prestación de servicios sociales en cada Comunidad, ha apuntado que, en el caso de Castilla y León, las principales "debilidades" son la ausencia de un Catálogo que recoja todos los servicios que se presta y el nivel de implantación de la renta mínima de inserción.
No obstante, la consejera Milagros Marcos ha matizado que en ese segundo aspecto el Índice DEC está elaborado con datos de 2010, y la Renta Garantizada de Ciudadanía no se implantó completamente en Castilla y León hasta 2011, por lo que ha manifestado que espera que en el próximo Índice las cifras sean mejores.
En cuanto a la renta de inserción, ha insistido en que resulta muy importante para "evitar que vuelva a haber núcleos de exclusión", lo que supondría un "problema muy grave" al considerar que se requieren "muchos años" para eliminarlos. "Volver para atrás así sería tremendo", ha advertido.
Pese a los apuntes negativos que ha señalado, el redactor del documento ha recalcado que Castilla y León es "muy eficiente" en la aplicación de los Servicios Sociales y de hecho obtiene la mejor nota de las Comunidades en su desarrollo, pues otras, ha lamentado, presentan unos datos "muy débiles".
García Herrero ha recordado que existía una desventaja con otros países de la OCDE por el retraso que hubo en España para que las administraciones comenzaran a asumir la prestación de Servicios Sociales y "no cargar a las familias los cuidados de las personas en situación de dependencia".
Por su parte, Milagros Marcos ha destacado el trabajo llevado a cabo para desarrollar la infraestructura actual de la red de servicios sociales y ha aseverado que la Junta mantiene su "apuesta" por esta materia y que garantiza su prestación a quienes lo necesitan.
Asimismo, ha apuntado que se ultima el trabajo para desarrollar la nueva Ley de Servicios Sociales, para la que, ha destacado, se ha contado con los profesionales del sector y que profundizará en el desarrollo del modelo y la integración del sistema de Dependencia y de las figuras que establece.
Marcos ha hecho hincapié en que se busca mejorar la utilización de aplicaciones informáticas para la gestión del sistema y para el acceso a la información.
Los países del G-20 estudian una acción coordinada que asegure suficiente efectivo en el sistema financiero
Los bancos centrales de los países del G-20 están estudiando tomar medidas, incluida la acción coordinada, para inyectar liquidez y estabilizar los mercados en caso de que se produzca una restricción de crédito a consecuencia de los resultados de las elecciones que se celebrarán este fin de semana en Grecia, que podrían llevar a Grecia a intentar renegociar el rescate económico que se le concedió o a su salida de la eurozona.
Los representantes de los países miembro del G-20, que se reunirán en la localidad mexicana de Los Cabos los días 18 y 19 de junio, han dicho que sus bancos centrales están preparados para tomar medidas para estabilizar los mercados financieros en caso de que sea necesario a través de la inyección de liquidez.
"Los bancos centrales se están preparando para una acción coordinada para dar liquidez", ha dicho una fuente del G-20 familiar con las discusiones en torno al asunto.
Dependiendo de la profundidad de la crisis que pudiera generarse tras los comicios en el país heleno, los países del G-7 celebrarían una reunión de emergencia el lunes o el martes durante la cumbre del G-20. Asimismo, los ministros de Finanzas de la eurozona mantendrán una teleconferencia el domingo por la tarde para debatir los resultados de las elecciones.
De cara a esta presumible crisis, Reino Unido ha anunciado que inyectará liquidez a su sistema bancario debido a las "nubes negras" sobre la economía nacional proyectada por la crisis económica y financiera que sacude a los países de la zona euro.
Asimismo, Canadá ha señalado que "está preparado para actuar" en caso de que la situación se complique o en caso de que "haya un 'shock' externo", según ha indicado Andrew MacDougall, portavoz del primer ministro canadiense, Stephen Harper.
Por su parte, el Banco de Japón ha decidido este viernes no cambiar sus políticas después de una reunión que se ha extendido durante dos días, manteniendo su poder financiero en reserva por si fuera necesario tras los comicios griegos. China e India están trabajando en planes de contingencia, tal y como apuntaron fuentes oficiales durante la semana pasada.
En Europa, las autoridades han redactado diversos planes para hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir, tales como el vaciado de cuentas por parte de la población en caso de que la Coalición de Izquierda Radical (SYRIZA), que ha prometido renegociar los términos del rescate facilitado por la 'troika' --el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)--, se haga con la victoria.
El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, dijo que el acuerdo firmado por Atenas con los prestamistas internacionales, que ha abocado al país a una profunda depresión económica, no durará más allá del fin de semana. Sin embargo, ha mantenido su compromiso con la permanencia de Grecia en la eurozona.
"Los bancos centrales se están preparando para una acción coordinada para dar liquidez", ha dicho una fuente del G-20 familiar con las discusiones en torno al asunto.
Dependiendo de la profundidad de la crisis que pudiera generarse tras los comicios en el país heleno, los países del G-7 celebrarían una reunión de emergencia el lunes o el martes durante la cumbre del G-20. Asimismo, los ministros de Finanzas de la eurozona mantendrán una teleconferencia el domingo por la tarde para debatir los resultados de las elecciones.
De cara a esta presumible crisis, Reino Unido ha anunciado que inyectará liquidez a su sistema bancario debido a las "nubes negras" sobre la economía nacional proyectada por la crisis económica y financiera que sacude a los países de la zona euro.
Asimismo, Canadá ha señalado que "está preparado para actuar" en caso de que la situación se complique o en caso de que "haya un 'shock' externo", según ha indicado Andrew MacDougall, portavoz del primer ministro canadiense, Stephen Harper.
Por su parte, el Banco de Japón ha decidido este viernes no cambiar sus políticas después de una reunión que se ha extendido durante dos días, manteniendo su poder financiero en reserva por si fuera necesario tras los comicios griegos. China e India están trabajando en planes de contingencia, tal y como apuntaron fuentes oficiales durante la semana pasada.
En Europa, las autoridades han redactado diversos planes para hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir, tales como el vaciado de cuentas por parte de la población en caso de que la Coalición de Izquierda Radical (SYRIZA), que ha prometido renegociar los términos del rescate facilitado por la 'troika' --el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)--, se haga con la victoria.
El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, dijo que el acuerdo firmado por Atenas con los prestamistas internacionales, que ha abocado al país a una profunda depresión económica, no durará más allá del fin de semana. Sin embargo, ha mantenido su compromiso con la permanencia de Grecia en la eurozona.
jueves, 14 de junio de 2012
Sanidad deja sin tarjeta a los ciudadanos con rentas de más 100 mil € que no coticen
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los requisitos del asegurado del Sistemas Nacional de Salud, donde se fija en cien mil euros de renta el límite para obtener asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los requisitos del asegurado del Sistemas Nacional de Salud, donde se fija en cien mil euros de renta el límite para obtener asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos.
Fuentes de Sanidad han explicado a Europa Press que se trata del primer borrador que ha sido enviado a las comunidades autónomas para una primera valoración, con lo que, recuerda, "aún puede cambiar mucho".
Así, el proyecto excluye, además de a los 'sin papeles', a aquellos que superen los 100 mil euros, teniendo en cuenta la totalidad de los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales sujetos a gravamen.
En el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con liquidación tributaria en España, que no hayan tributado a la Seguridad Social se tendrá en cuenta el importe consignado en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El objetivo de ésta, y otras medidas incluidas en el proyecto, es completar el marco normativo vigente y establecer un régimen jurídico "más adecuado" que permita definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria pública a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, "y regular un mecanismo de reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como a los ciudadanos de otras nacionalidades".
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los requisitos del asegurado del Sistemas Nacional de Salud, donde se fija en cien mil euros de renta el límite para obtener asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos.
Fuentes de Sanidad han explicado a Europa Press que se trata del primer borrador que ha sido enviado a las comunidades autónomas para una primera valoración, con lo que, recuerda, "aún puede cambiar mucho".
Así, el proyecto excluye, además de a los 'sin papeles', a aquellos que superen los 100 mil euros, teniendo en cuenta la totalidad de los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales sujetos a gravamen.
En el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con liquidación tributaria en España, que no hayan tributado a la Seguridad Social se tendrá en cuenta el importe consignado en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El objetivo de ésta, y otras medidas incluidas en el proyecto, es completar el marco normativo vigente y establecer un régimen jurídico "más adecuado" que permita definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria pública a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, "y regular un mecanismo de reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como a los ciudadanos de otras nacionalidades".
"Es necesario no sólo mantener sino también reforzar la sostenibilidad del modelo sanitario", afirma, de modo que puede "protegerse" frente a las diferentes amenazas que pudieran quebrantarlo
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